Protocolo que impedía cortar la luz a familias vulnerables ha sido anulado por una jueza que no sabe lo que es pasar frío

El protocolo de la Generalitat, que pretendía impedir los cortes de suministros en aplicación de la Ley de Pobreza Energética había sido aprobado en 2015 por la Agencia Catalana del Consumo (ACC), por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) y llevaba un año suspendido por orden judicial.

Finalmente, una jueza del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona ha estimado el recurso interpuesto por Endesa, y el citado protocolo ha quedado anulado porque, al parecer, no está previsto en ninguna norma ni reglamento ni ha sido suscrito por las compañías suministradoras.

Dice la magistrada en su recurrible sentencia que la prohibición de interrumpir los suministros no puede ser establecida por un protocolo que fija “ex novo” obligaciones para las empresas “no previstas en norma legal ni reglamentaria alguna” y sin que, además, estas compañías las hayan cumplido.

Luego se lava las manos y la conciencia expresando: “Esta juzgadora no desconoce la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial”, e insiste en que cada administración “debe actuar en el ejercicio de sus competencias”.

La magistrada recuerda también que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado es el competente para establecer los sistemas de ayuda al consumidor vulnerable, sin que las comunidades autónomas “puedan establecer que ese sistema sea el de prohibir la interrupción del suministro” si no lo ha acordado así la administración central.

La ley, siempre la ley… la del más fuerte, por supuesto.

 

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