Miles de firmas para que Sanidad retire la vacuna del Papiloma del calendario oficial

La Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma ha pedido hoy al Ministerio de Sanidad una moratoria hasta que se investiguen los efectos adversos relacionados con este fármaco, que está incluido en el calendario vacunal de todas las comunidades y recomendado por la Asociación Española de Pediatría.

La presidenta de la asociación, Alicia Capilla, madre de una afectada, ha hecho esta petición a las directoras generales de Salud Pública, Elena Andradas, y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo, durante una reunión en el Ministerio.

La solicitud iba acompañada de más de 46.400 firmas recogidas durante una campaña, impulsada por la asociación con el objetivo de que Sanidad saque la vacuna de manera cautelar del calendario oficial.

En la actualidad hay dos vacunas en el mercado, comercializadas como Gardasil y Cervarix, y desde 2008 están incorporadas al calendario común de vacunación, indicada para las chicas de 12 años.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación en todas las adolescentes de entre 11 y 14 años, ya que “ha demostrado ser una estrategia eficaz y segura para evitar la infección persistente por el virus y las lesiones preneoplásicas del cuello de útero”.

Así lo ha asegurado el doctor David Moreno, coordinador de este comité, quien ha explicado que esta vacunación, tras más de 200 millones de dosis administradas en el mundo, ha demostrado ser segura, con un balance beneficio/riesgo muy favorable avalado por organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, ha subrayado, que “numerosos estudios” realizados a nivel mundial han descartado la asociación de estas vacunas con el desarrollo de enfermedades autoinmunes y neurológicas.

En el otro lado se sitúa el doctor Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, quien ha firmado la solicitud de moratoria porque, según ha señalado, cree que el tema “se ha estudiado poco”.

A su juicio, falta evidencia científica de que sea segura y eficaz y de que realmente prevenga el cáncer de útero, mientras que “sí hay estudios de frecuencia de efectos adversos que muestran mayor riesgo que otras vacunas e incluso se han descrito efectos neurológicos y autoinmunes, el denominado Síndrome Asia, que debería estudiarse con más detenimiento”.

Durante la reunión, la presidenta de la asociación ha pedido también el reconocimiento de los efectos adversos padecidos por las afectadas, principalmente de tipo neurológico, para evitar que se estigmatice a las chicas, a las que se les achacan problemas psicológicos.

“No es de recibo que confiemos en la sanidad para vacunar a nuestras niñas, que tengan un problema y encima las quieran tildar de histéricas”, ha subrayado.

Fuentes del Ministerio han informado de que trabaja de forma permanente desde 2008 tanto a nivel nacional como en el Comité científico para la evaluación de riesgos de medicamentos de la Agencia Europea sobre las comunicaciones de sospechas de reacciones adversas.

El Comité, del que forman parte los 29 países de la Unión Europea, un representante de los pacientes, de los profesionales de la salud y 6 expertos independientes, ha determinado que el balance beneficio-riesgo continúa siendo favorable para las indicaciones aprobadas para estas vacunas, sin ser necesario incorporar nueva información respecto a los efectos adversos ya conocidos.

Las afectadas han pedido también un fondo de compensación para las afectadas y la creación de un panel de expertos multidisciplinar que evalúe los casos de las niñas que presentan efectos adversos, “para ver si el balance beneficio-riesgo sigue siendo favorable o no”.

La asociación va a iniciar otra campaña de recogida de firmas encaminada a lograr el reconocimiento de los efectos adversos padecidos por las afectadas por parte de las autoridades sanitarias.

Además, según ha informado el abogado se está preparando una acción legal conjunta con asociaciones europeas contra la UE y otra en España de protección de derechos fundamentales para el reconocimiento de los efectos adversos.

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