La justicia pone en libertad tras ocho meses en prisión a los tres jóvenes de Errentería

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó ayer la puesta en libertad condicional de los tres jóvenes de Errenteria encarcelados tras los incidentes que tuvieron lugar en Iruñea el 11 de marzo. La causa afecta a 15 jóvenes, de los que 12 declararon la semana pasada en calidad de investigados, tras lo que salieron libres.

Esta ha sido la nueva razón que llevó a la defensa de los tres jóvenes que permanecían encarcelados, el abogado Iñigo Iruin, a cursar el jueves pasado una nueva solicitud de puesta en libertad que tuvo lugar a las 19.55 horas de ayer en la cárcel de Iruñea, donde les esperaba un centenar de personas. Esta puesta en libertad, sin embargo, no tiene incidencia en la fase de instrucción en la que continúa el caso y que, según fuentes jurídicas de la defensa consultadas por este diario, podría cerrarse en las próximas semanas.

Será entonces cuando la Audiencia Nacional tenga que pronunciarse sobre si abre la vista oral contra los 15, de los que 11 son guipuzcoanos, o archivar una causa que, como ocurrió con la de Altsasu (que comparte juez, Carmen Lamela, y fiscal, José Perals), la justicia navarra consideró competencia de los tribunales ordinarios frente al criterio del Supremo, que avaló la tesis de la Audiencia Nacional.

A esta sede acudieron el lunes de la semana pasada los 12 investigados, donde comparecieron ante la jueza Lamela. La ausencia del fiscal, que se encontraba en el juicio contra la excúpula de Abengoa, provocó que ninguna parte solicitara medidas cautelares y, por lo tanto, los 12 salieran en libertad.

Desde marzo se han sucedido las iniciativas de apoyo, canalizadas en torno a la plataforma Etorkizunaren Alde. En este sentido, los exalcaldes de Errenteria Juan Carlos Merino, Adrián López (ambos del PSE) y Sabin Olaizola (HB), así como el actual regidor, Julen Mendoza (EH Bildu), firmaron un texto en apoyo a los encausados y solicitando que fueran juzgados por los tribunales ordinarios. A todos ellos, de los que cinco son menores de edad, se les investiga por lo ocurrido tras la marcha no autorizada convocada por el colectivo denominado Errepresioari Autodefentsa que el 11 de marzo de este año recorrió el Casco Viejo de Iruñea. Además de enfrentamientos violentos con la Policía, se registraron daños materiales en un cajero, en comercios, contenedores y en la vía pública.

En su auto del 24 de marzo, Lamela consideró que los hechos podían encuadrarse en un delito del artículo 573 del Código Penal, que tras la reforma de 2015 considera terrorismo cualquier acción destinada a alterar gravemente la paz pública y subvertir el orden constitucional.

 

deia

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