La de 1978, una Constitución monárquica, impuesta y represora

Todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno español tras la muerte de Franco —UCD, PSOE y PP— han acallado y tratan de acallar las voces discrepantes utilizando como arma disuasoria y represora a la Constitución de 1978. Y lo han hecho esgrimiéndola como si de una obra maestra se tratara, de la que, por “perfecta”, ni una sola coma se debe cambiar.

En realidad sí se ha cambiado alguna vez, un par de ellas concretamente —en 1992 para adecuar la estructura judicial española a la UE (art. 13.2), y en 2011 para fijar el techo de gasto (art. 135)—. Por supuesto que el hoy rey emérito, Juan Carlos de Borbón, preparado e impuesto por Franco para dejar todo “atado y bien atado”, sigue gozando de privilegiada protección en el seno de la citada Carta Magna, igual que el actual Jefe del Estado, el rey Felipe VI.

La Constitución monárquica que tanto defienden los principales grupos políticos del Estado español es fruto de una “ruptura pactada” con el franquismo, y no de una “ruptura democrática” con éste, que es lo que se demandaba masivamente en la calle. Las estructuras del franquismo siguen intactas, de modo que la “Transición” que tanto nombran nunca ha existido. ¡Y aún tienen el cinismo de llamarla modélica! ¡Que no nos vengan con cuentos! Entre 1976 y 1980 la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha asesinaron impunemente a más de cien personas, y miles de detenidos fueron salvajemente torturados.

La población fue totalmente ninguneada, ya que la redacción del texto constitucional fue realizada a sus espaldas. Elaborado de forma casi clandestina, el primer conocimiento que tuvo la ciudadanía acerca del mismo fue a través de una filtración a la revista “Cuadernos para el diálogo”, que publicó el borrador y montó una buena bulla.

La autoría de la Carta Magna se le atribuye a Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero por la UCD —franquista—; Gregorio Peces Barba por un PSOE de ideología decadente, que renunció al marxismo —el 8 de abril de 1978— y se dedicó —y se dedica— a ocupar la mejor “posición” posible a base de lo que haga falta para conseguirlo; Manuel Fraga Iribarne por AP —ministro de Información y Turismo con Franco entre 1962 y 1969, y ministro de la Gobernación en 1976; responsable de numerosos asesinatos durante la ostentación de este último cargo—; Miguel Roca por CIU —de derechas—; y Jordi Solé Tura por un PCE que para poder acceder a la legalidad —el 9 de abril de 1977— hubo de claudicar y pasar a enarbolar en sus mítines la bandera de Franco y de los Borbones, reconocer oficialmente la unidad de España, firmar la Ley de la Reforma Política —18 de noviembre de 1976— y los Pactos de la Moncloa —25 de octubre de 1977—, que supuso un notable retroceso en las conquistas obreras conseguidas con mucho esfuerzo y dolor durante tantos años de lucha. Y todas esas inaceptables concesiones fueron realizadas, según el traidor Santiago Carrillo —secretario general, por aquel entonces—, “por el peligro que se cierne sobre la democracia”. Casi treinta años necesitó el PCE para  por fin desvincularse oficialmente de la Constitución de 1978, argumentando el incumplimiento de todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos, ambientales, y el recorte de las libertades políticas.

Estos siete “viriles” individuos fueron, pues, las cabezas visibles que oficialmente frustraron la demandada ruptura democrática con el franquismo, y de aquella negación nació la Constitución que tan orgullosamente exhiben hoy los paladines de la “democracia española”. Estos “siete magníficos” son los padres de la “criatura” que, en los treinta y nueve años que ahora cumple, prácticamente nunca ha experimentado cambio sustancial de “peinado” ni de “vestido” porque, según pretenden hacernos creer, ya es lo suficientemente atractiva; y lo dicen a pesar de que su llegada al mundo fue de manera provisional.

La Constitución no es ajena, tampoco, al parlamento surgido tras las elecciones nada democráticas del 15 de junio de 1977.

Por otra parte, conviene recordar que el gobierno no permitió hacer campaña a los partidarios del no y de la abstención. La participación en el referéndum fue sólo del 58,97%, eso a nivel de todo el Estado, donde la mayoría votó “sí”. En la Comunidad Autónoma Vasca —CAV—, por ejemplo, sólo el 30% de los censados votó a favor, y el otro 70% se decantó por el no y la abstención, que superó el 55%. El Referéndum estuvo plagado de irregularidades. Los datos censales del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral Central solo coincidían en 11 provincias de todo el Estado Español, que tiene 50.

Otro dato muy significativo es que, en 1978, la mayoría la mayoría de edad estaba en los 21 años. Eso quiere decir que los que hoy tienen menos de 60 ni siquiera tuvieron la posibilidad de votar a favor o en contra de la Constitución que alberga en su seno al ya famoso artículo 155. Dicho de otra manera, más del 70% de la población actual está sometida a una Carta Magna que le es absolutamente ajena. Sobra decir que, además, parte de ese escaso 30% votó en contra de la “obra maestra” que tanto defiende la reacción española. ¿Esto es acaso democrático? Sólo los necios y los canallas pueden responder de manera afirmativa.

Es curioso como las mismas personas que esgrimen la Constitución para negar demandas irrenunciables de amplios sectores de la sociedad —el derecho a la autodeterminación, por ejemplo—, hacen caso omiso a exigencias tan elementales registradas en la Carta Magna, como son el derecho al trabajo y a la vivienda digna —artículos 35 y 47 respectivamente.

Cada 6 de diciembre, las “virtudes” de la Constitución española son resaltadas por los “demócratas de toda la vida” del Reino de España —tremenda paradoja: democracia y monarquía nunca podrán ir juntas cogidas de la mano—, pero lo cierto es que el grueso de la ninguneada población no tiene nada que celebrar en la citada fecha.

 

(En la fotografía, los “padres de la Constitución, “Los Siete Magníficos”)

 

Lee y Comparte. Ayuda a que la contrainformación llegue a más personas.Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditEmail this to someone

3 comentarios

  1. LEA SR CARLOS SANTOS Y DIGA LO QUE LE MANDAN.

  2. El truco para la pervivencia del régimen78 está en la LOREG o ley electoral. Un voto de las provincias más conservadoras vale casi el triple que el de las ciudades, es algo de lo que se apercibieron los fascistas cuando fueron derrotados precisamente por el voto de las ciudades en 1931 y lo remediaron en 1975 elaborando una ley electoral hecha a la medida. Siempre juegan con cartas marcadas, y aquí el principal traidor se llama Carrillo al aceptar estas condiciones que enterraron para siempre a la izquierda española. Hoy dos grandes bloques se hacen con todo el poder político (no el económico en poder del mundo de la finanza), los fascistas y los falangistas, encarnados en los diferentes partidos sucesores del franquismo. Ya lo dijo el dictador “voy a dejar todo atado y bien atado”.

  3. Hay un error en su información; pocos días antes del referendum se publicó un decreto que permitía votar a los mayores de 18 años. De ahí los problemas con el censo y lo chapucera que fue la votación.

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*