Histórico. ¡Por fin una Juez admite una querella por el genocidio franquista!

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Bergara, Maider Imaz, ordenó incoar diligencias previas sobre los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad que el Ayuntamiento de Elgeta ha denunciado por los delitos cometidos desde 1936 y la década de los 80 en el municipio o contra vecinos de Elgeta. La denuncia, la primera que halla cauce jurídico en el Estado, aún no ha sido aceptada por un “fallo subsanable”, pero vistos los delitos que 14 testimonios denuncian, la jueza ve calado suficiente para actuar de oficio. El 17 de enero tendrá lugar la declaración de cinco testigos.

“Los hechos relatados en la querella presentan los caracteres de un delito de genocidio y crímenes contra la humanidad, que es perseguible de oficio, por lo que se procede a instruir la causa criminal que corresponda”, recoge la jueza en un auto de dos páginas en los que rechaza admitir a trámite la querella contra los presuntos responsables de estos hechos hasta que “no se aporte el poder especial para querellarse”.

Se trata de un “defecto subsanable”, en palabras de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bergara, y según informaron ayer fuentes municipales, el Consistorio de Elgeta ya ha completado este trámite.

Con este paso y con base en los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se incoan las diligencias previas, que comenzarán con la toma de declaración de cinco testigos. La denuncia se basa en 14 testimonios concretos, que son los que han dado permiso para seguir adelante con la causa, aunque recoge todo tipo de violaciones, ejecución de civiles, trabajos forzados, expropiaciones, saqueos, robos y hasta el caso de dos vecinos que murieron en los campos de concentración alemanes después de huir a Francia y ser capturados por los nazis.

El siguiente paso de la acusación será el de intentar que los tribunales amplíen la querella a todos los delitos que tuvieron lugar en los años de la Guerra Civil y la represión franquista, aunque las víctimas o sus allegados no se hayan recogido de manera explícita en esta querella. Los estudios realizados hasta la fecha estiman que entre los años 1936 y 1937 fueron ejecutadas 33 personas solo en Elgeta.

El municipio aprobó en pleno en julio de 2016 sumarse a la querella abierta por la jueza argentina María Servini de Cubría, y al mismo tiempo, interponer otra en los juzgados de Bergara. Tras recoger en el municipio testimonios de entre 1936 y 1977, así como los “dos atentados fascistas” de 1980, Elgeta interpuso la querella en Gipuzkoa el pasado 4 de octubre y el auto que se dio a conocer ayer está fechado en el 14 de noviembre.

Con las diligencias que se empezarán a practicar, la clave principal del caso se encuentran en el papel que adopte la Fiscalía, tal y como reconocieron fuentes municipales a este diario, que recordaron que la Abogacía del Estado hasta la fecha se ha mostrado reacia a investigar este tipo de delitos. Como procedimiento, el auto resuelve informar al Ministerio Público.

“SIMBOLISMO” “Nos encontramos ante una resolución judicial de enorme relevancia, que da respuesta, por primera vez, a la demanda de justicia sostenida y mantenida durante tantos años por las víctimas de la dictadura franquista”, aseguraron ayer en una rueda de prensa tanto el alcalde de la localidad, Iraitz Lazkano, como la representante de la asociación memorialista Intxorta 1937 y la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, Julia Monge.

“Nos congratulamos al apreciar que hay jueces y juezas que no están dispuestas a mirar hacia otro lado”, se felicitaron, antes de mostrar su “total apoyo al Juzgado de Bergara, a todas las víctimas y a todas las instituciones que han decidido ser agentes activos en la exigencia de verdad, justicia y reparación de todos los crímenes franquistas”.

La plataforma que engloba a las asociaciones de los crímenes franquistas, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQuA), consideró la decisión de la jueza como “un gran paso para juzgar los crímenes que tanto tiempo llevan impunes, y que la instrucción por parte del juzgado puede ser el principio de muchas más que traigan por fin justicia a las víctimas”.

Según explicó la coordinadora en una nota, esta resolución “está cargada de simbolismo”, después de que los tribunales hayan echado atrás las iniciativas impulsadas por los ayuntamientos de Gasteiz e Iruñea, y “evidencia el conocimiento, respeto y aplicación del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional”.

 

deia

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Un comentario

  1. A burro muerto echale la cebada al rabo , pero màs vale tarde que nunca .

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