El Gobierno de Rajoy no quiere que Franco se muera; sigue subvencionando indirectamente a la Fundación del sangriento golpista

En el primer Congreso de lo que ahora es el Partido Popular que gobierna en el Reino de España, todos los asistentes corearon el grito de ¡Franco!, ¡Franco! Efectivamente, eran los herederos del franquismo y, por lo tanto, un partido político franquista.

Ahora, cuando andan celebrando sus 40 años de existencia, siguen siendo lo que eran. No hay más que ver cómo actúan para darse cuenta de ello. Lo llevan en el ADN, no lo pueden ocultar. Y creemos que, además, se enorgullecen de serlo.

Se ve claramente con su negativa a aceptar las obligaciones que emanan de la Ley de Memoria Histórica, entre otros muchos ejemplos que lamentablemente existen. Y también, cómo no, con la inyección de dinero público que, aunque sea de manera indirecta, se resisten a dejar de suministrar a la Fundación Francisco Franco.

Según la Ley de Partidos, el PP debería ser ilegalizado. Uno de los motivos para su ilegalización es el de no haber condenado todavía la violencia salvaje que ejerció la dictadura franquista.

Hoy mismo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha entregado en el Congreso un total de 218.600 firmas que reclaman a los grupos parlamentarios una reforma de la Ley de Fundaciones con el objetivo de que se ilegalicen las entidades que hacen apología del franquismo, como la Fundación Francisco Franco.

Antes de la mencionada entrega en el registro del Congreso, el portavoz de la asociación ha expresado que “no podemos tolerar que en un país `democrático` como España haya fundaciones que homenajean a quienes pisotearon los derechos humanos de, entre otras las 114.226 personas que siguen desaparecidas en más de 4.000 cunetas repartidas por toda España”.

Las firmas han ido acompañadas de un escrito que denuncia la “protección especial” que supone las donaciones a la Fundación Francisco Franco, ya que estas permiten que se “desgrave impuestos” beneficiándose en la práctica de “exenciones fiscales”. Y es que “reciben una subvención indirecta del Estado”.

Esta iniciativa reclama a los partidos políticos en el Congreso que cambien la Ley de Fundaciones, a fin de impedir “explícitamente la actividad de cualquier fundación que actúe o realice campañas de difusión contra los derechos humanos o que ensalce, enaltezca o trate de convertir en referente moral la figura de personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos”.

Resulta vergonzoso y significativo que, apunto de concluir 2017, en un país europeo que se dice democrático, haya que hacer peticiones semejantes.

 

2013, exposición franquista en un colegio público de la localidad de Quijorna, Madrid, gobernada por el PP.

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