260 presos de ETA recurren a Estrasburgo por la dispersión y para que se les compute el tiempo de cárcel en otro país

Hoy en el Hotel San Sebastian de Donostia, junto a las abogadas Haizea Ziluaga y Amaia Izko, hemos informado a la sociedad sobre dos demandas que, tras un largo recorrido jurídico, se encuentran ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Las iniciativas presentadas están relacionadas con el alejamiento y la no aplicación de la ley marco europea del cómputo de las penas cumplidas en otro país miembro: dos de las medidas de excepción de las muchas que conforman la actual política penitenciaria.

La primera iniciativa, tras un largo periplo judicial, se refiere al caso de alejamiento que sufre el preso político navarro Josetxo Arizkuren presentada hace poco en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Junto a esta iniciativa, los presos políticos que se encuentran en las cárceles españolas, tras finalizar todas las vías judiciales estatales, pondrán sus miras hacia Europa. Estamos hablando de cerca de 260 recursos, cada uno de los cuales emprenderá su propio procedimiento.

En el segundo caso, una vez agotadas todas las vías judiciales españolas, se han presentado 3 demandas ante la negativa del Estado Español a computar las penas ya cumplidas en el Estado Francés. Las peticiones interpuestas por la defensa de Santi Arrozpide, Alberto Plazaola y Francisco Mujika han sido registradas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otras 21 peticiones están listas para ser presentadas en este tribunal, siendo 50 el total de presos y presas políticas vascas a quienes no se les computa la condena ya cumplida en el Estado Francés.

 

 

 

Desde Etxerat Elkartea queremos mostrar nuestra satisfacción y convicción ante estas iniciativas jurídicas. Pero no podemos olvidar que en breve se cumplirán 28 años de la aplicación de esta medida, una medida de excepción vulneradora de derechos: para nuestros familiares encarcelados, significa una condena al destierro: el alejamiento permanente de su entorno afectivo, familiar, social y cultural. Para nosotros y nosotras, familiares y allegados de presas y presos políticos vascos, forzados a realizar largos y costosos desplazamientos cada fin de semana, significa un precio a pagar por no renunciar a nuestros lazos afectivos y familiares, a nuestro derecho a la vida familiar. Un precio muy alto que ya se ha cobrado 16 vidas y la devastación física, psíquica y económica de cientos de familias.

En el caso de la no aplicación de la ley marco europea sobre el cómputo de penas, asistimos a un segundo intento de alargar, ilegalmente, las condenas de nuestros familiares. Como ya ocurrió con la doctrina 197/2006, una medida que el gobierno español calificó de “ingeniería jurídica” consiguió que presas y presos políticos vascos que ya habían cumplido íntegramente su condena, no fueran liberados.Finalmente, la medida originóla condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Reino de España. Pero para entonces, nuestros familiares habían permanecido ilegalmente encarcelados durante varios años.

Medidas de excepción, trampas legales… aberraciones jurídicas y vulneraciones de derechos tan claras, tan incuestionables, que no dudamos de que el pronunciamiento del Tribunal de Derechos Humanos será favorable a nuestras demandas. Pero sabemos, igual que lo sabe el Estado español y cuenta con ello, que el tiempo no corre a nuestro favor. Los trámites son largos y habrá que esperar mucho tiempo hasta que el Tribunal resuelva, mientras que nuestra situación y la de nuestros familiares encarcelados requiere soluciones urgentes. Por eso, confiamos en que la desactivación de estas medidas, llegará antes que la resolución del Tribunal de Estrasburgo: confiamos plenamente en la sociedad vasca, en su capacidadde evitar que el gobierno español haga prevalecer las estrategias de venganza sobre el respeto a los derechos humanos.

etxerat

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